Si alguien le dijera que el jefe de una barra tiene el mismo abogado que el jefe de seguridad del club, usted le pediría que le cuente otro chiste. Pero el mundo del fútbol y los violentos da para todo menos para la risa: Gabriel Riccio, el hombre fuerte de Seguridad de River, acusado de favorecer la apretada de Los Borrachos a Sergio Pezzotta en el entretiempo del partido contra Belgrano que determinó el descenso del Millo, contrató como letrado a Ignacio Irurzun, quien defiende desde hace años los intereses de Adrián Rousseau, sindicado como jefe en las sombras de la barra oficial.
La situación que roza lo paródico quedó confirmada en Tribunales, cuando Irurzun asumió el cargo. Y muestra una vez más las sugestivas coincidencias en el accionar de barras y gente del fútbol y la sensación de impunidad que tienen todos. De hecho, en el juicio por el crimen de Gonzalo Acro hubo declaraciones sobre la relación que unía a Riccio con Los Borrachos, Rousseau, la Policía y la SIDE desde 06, cuando se partió la barra.
Una situación similar se vivió años atrás cuando Rafael Di Zeo contrató como abogados a Juan Martín Cerolini y Marcelo Rochetti, que eran letrados de la Policía Federal y el segundo terminó como jefe de Seguridad de la Legislatura Porteña bajo la administración de Mauricio Macri.
Igual, Irurzun tendrá trabajo extra esta vez. El abogado que consiguió que la Justicia absuelva a Adrián en todas las causas que tuvo, se encuentra ante un nuevo escenario.
Olé informó la semana pasada sobre una escucha al Melli Hernán, barra de la primera línea, quien aseguró que ellos bajaron de la tribuna en el entretiempo contra Belgrano para llevarles hamburguesas y gaseosas a la barra Pirata y ahí los dirigentes los mandaron a apretar a Pezzotta. Pues bien, la Justicia tiene imágenes que apoyan el testimonio obtenido, en las cuales se ve cómo un grupo de Borrachos, minutos después de la apretada, se dirige tranquilamente a la popular visitante a llevar las vituallas. Y a menos que alguien de una explicación convincente, en Tribunales piensan cocinar a todos vuelta y vuelta.
La Comisaría 51 también está en la mira de la Justicia.
Se sabe que los delitos de los barras no podrían consumarse sin la vista gorda de mucha gente. En este marco, la fiscalía de Saavedra imputó al jefe de la Comisaría 51, Rubén Aguilar, y a un oficial, Matías Ponce, por supuesta protección a Los Borrachos el día de la apretada a Pezzotta. Pero van por más: se allanó la Comisaría bajo el presupuesto que allí se cobraba peaje para que los barras pudieran revender entradas, vender merchandising trucho y usufructuar a los trapitos.
Ya no son Los Borrachos. Ahora quienes dirimen todo como orilleros son pseudo dirigentes. No es casual: cuando River institucionalizó a su barra, avaló la violencia como resolución de conflictos. Para eso contó con la anuencia del Estado y la Justicia, que hicieron poco para detenerla. Así, los vientos sembrados hace años hoy son tempestades.
Passarella llegó asegurando que venía a cortar esta realidad de cuajo. Pero hizo todo lo contrario. La investigación en Tribunales sobre la colaboración de su gente en la apretada a Pezzotta es el punto máximo de esa política y genera, hacia abajo, la sensación de vale todo. Y cuando eso sucede, sólo resta esperar la próxima víctima.
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